Ley 20.575 y Datos Comerciales: Todo lo que Debes Saber sobre la "Ley DICOM" en Chile

La ley 20.575 sobre datos comerciales, conocida popularmente como "Ley DICOM" o "Chao DICOM", es la norma que transformó la forma en que las instituciones financieras, el comercio y las empresas de información comercial pueden tratar los antecedentes de morosidad de las personas en Chile. Publicada en febrero de 2012, esta ley estableció el llamado principio de finalidad, un concepto clave que limita el uso de los datos económicos y comerciales exclusivamente a la evaluación de riesgo crediticio. En este artículo revisamos en profundidad qué establece la ley 20.575, cómo protege a los trabajadores y consumidores, y qué impacto real tiene en la vida cotidiana de quienes figuran o han figurado en el Boletín Comercial.

¿Qué es la Ley 20.575 y por qué se creó?

La ley 20.575 modificó el marco general de protección de datos personales (contenido en la ley N° 19.628) para incorporar reglas específicas sobre los datos de carácter económico, financiero, bancario o comercial. Su origen responde a una preocupación ciudadana extendida: durante años, la información sobre deudas impagas circuló sin mayores restricciones, siendo utilizada no solo por el sector crediticio, sino también por empleadores, arrendadores y otras entidades para tomar decisiones ajenas al ámbito financiero, como contrataciones laborales o arriendos de vivienda.

Frente a este escenario, la ley buscó poner límites claros a la circulación y el uso de estos antecedentes, reconociendo que una deuda impaga no debería convertirse en un obstáculo permanente para acceder a un empleo, una vivienda o servicios básicos, más allá de su función legítima dentro de la evaluación de riesgo comercial.

El principio de finalidad: la base de la ley DICOM

El corazón de la ley 20.575 es el principio de finalidad. Este principio establece que los datos comerciales o crediticios de una persona solo pueden ser tratados y comunicados con el objetivo específico de evaluar el riesgo de una operación de crédito, ya sea para el comercio, la banca u otras entidades financieras. En consecuencia, dicha información no puede utilizarse para fines distintos, como:

• Procesos de selección o evaluación laboral, salvo excepciones muy acotadas contempladas en la normativa.
• Decisiones relacionadas con arriendo de inmuebles, salud o educación, cuando no exista un vínculo directo con una operación crediticia.
• Cualquier uso discriminatorio que no tenga relación con la evaluación de un crédito o una obligación comercial.

Este principio busca que instituciones como el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago y las empresas de información comercial (como Equifax, entre otras) restrinjan la entrega de estos datos únicamente a quienes participan en procesos de evaluación crediticia.

Protección laboral: el vínculo con el Código del Trabajo

Uno de los aportes más relevantes de la ley 20.575 fue reforzar la prohibición de que los antecedentes comerciales de una persona sean utilizados como criterio para negarle un empleo. La normativa se articula con disposiciones del Código del Trabajo, apuntando a impedir que la sola existencia de una deuda impaga sea motivo válido para descartar a un postulante o para desvincular a un trabajador.

Es importante precisar que esta protección no es absoluta: la propia legislación laboral contempla excepciones acotadas para ciertos cargos que implican manejo de fondos, valores o representación del empleador, casos en los que sí podría justificarse la revisión de antecedentes comerciales. Dado que la interpretación de estas excepciones puede variar según el cargo y el contexto, se recomienda revisar el texto vigente del Código del Trabajo y, ante dudas concretas, consultar con la Dirección del Trabajo o un profesional especializado.

¿Cuándo se elimina una deuda del DICOM según la ley 20.575?

Uno de los aspectos que más consultan las personas es cuánto tiempo permanece una deuda visible en los sistemas de información comercial. La normativa vigente sobre protección de datos establece que la información sobre obligaciones económicas impagas tiene un período máximo de publicación, transcurrido el cual debe eliminarse de los registros, independientemente de si la deuda fue pagada o no. Además, cuando una persona paga o repacta su deuda, la entidad acreedora u operadora de información comercial está obligada a gestionar la actualización o eliminación del registro dentro de un plazo breve, contado en días hábiles.

Dado que estos plazos pueden estar sujetos a precisiones normativas o interpretaciones específicas según el tipo de obligación, se recomienda siempre verificar el plazo exacto aplicable a tu caso con fuentes oficiales, como la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) o directamente con la entidad que reportó la deuda.

El derecho a saber quién consulta tu información comercial

Otro de los aportes prácticos de la ley 20.575 es el derecho de toda persona a solicitar, de manera periódica y sin costo, un informe que detalla las consultas realizadas a su RUT por parte de terceros. Este documento —conocido comúnmente como "informe Ley 20.575"— permite conocer qué instituciones han solicitado información comercial sobre una persona, con qué motivo y en qué fecha, otorgando mayor transparencia y control sobre el uso de los propios datos.

Este mecanismo resulta especialmente útil para detectar consultas indebidas o no autorizadas, y para verificar si una entidad ha respetado el principio de finalidad al momento de acceder a la información.

Diferencia entre la Ley 20.575 y la Ley 19.628

Es habitual que se confundan ambas normativas. La ley 19.628 es la ley general sobre protección de la vida privada y de los datos de carácter personal en Chile, y establece el marco amplio para el tratamiento de cualquier tipo de dato personal. La ley 20.575, en cambio, es una modificación específica que se enfoca exclusivamente en los datos comerciales, financieros y crediticios, introduciendo el principio de finalidad y reglas particulares para el funcionamiento del sistema DICOM y el Boletín Comercial. En otras palabras, la ley 20.575 es una especialización dentro del marco general que ofrece la ley 19.628.

Impacto práctico en la vida de las personas

• Reduce el riesgo de que una deuda antigua o ya pagada siga afectando indefinidamente el acceso a créditos.
• Limita el uso de antecedentes comerciales como filtro en procesos de postulación laboral en la mayoría de los cargos.
• Entrega herramientas de transparencia, como el informe de consultas al RUT, para que las personas puedan fiscalizar el uso de sus propios datos.
• Obliga a las entidades que reportan morosidades a actuar con mayor diligencia ante pagos o repactaciones.

Con todo, la ley no elimina la existencia del sistema de información comercial ni impide que las deudas impagas sean reportadas mientras están vigentes; su función es acotar el uso, la duración y la finalidad de esos datos.

Preguntas frecuentes sobre la ley 20.575

¿La ley 20.575 eliminó el DICOM por completo?

No. La ley no elimina el sistema de información comercial, sino que regula su funcionamiento, estableciendo límites claros sobre qué datos se pueden reportar, por cuánto tiempo y con qué finalidad.

¿Puedo pedir que borren mi deuda antes de que se cumpla el plazo legal?

Si la deuda está vigente y no ha sido pagada, generalmente no procede su eliminación anticipada, salvo excepciones específicas. Si ya fue pagada o repactada, tienes derecho a solicitar la actualización del registro dentro del plazo que corresponda.

¿Un empleador puede exigirme un informe DICOM para contratarme?

La normativa restringe fuertemente esta práctica para la mayoría de los cargos, aunque existen excepciones acotadas para funciones que implican manejo de fondos o representación del empleador. Ante dudas sobre un caso específico, conviene consultar a la Dirección del Trabajo.

¿Cómo sé si alguien ha consultado mis datos comerciales?

Puedes solicitar de forma gratuita y periódica un informe que detalla las consultas realizadas a tu RUT por terceros, disponible a través de las entidades autorizadas de información comercial.

¿Qué diferencia hay entre esta ley y la ley 19.628?

La ley 19.628 regula la protección de datos personales en general, mientras que la ley 20.575 se enfoca específicamente en los datos comerciales, financieros y crediticios, y en el funcionamiento del sistema DICOM.

Conclusión

La ley 20.575 datos comerciales representa uno de los avances más importantes en materia de protección financiera para las personas en Chile, al establecer el principio de finalidad, acotar el uso de los antecedentes comerciales y reforzar las protecciones frente a discriminaciones laborales injustificadas. Comprender sus alcances permite a cualquier persona ejercer sus derechos con mayor conocimiento: desde solicitar el informe de consultas a su RUT, hasta exigir la actualización oportuna de una deuda pagada. Ante situaciones específicas o dudas sobre plazos exactos, siempre es recomendable revisar el texto vigente de la normativa en fuentes oficiales como la Biblioteca del Congreso Nacional o consultar con un profesional especializado en la materia.

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